Compromiso y sinergia público-privada

Ley de reducción de sodio

Por Lic. Celina Moreno Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

El pasado 16 de diciembre de 2013 fue promulgada y sancionada la Ley 26.905, cuyo principal objetivo es promover la reducción del consumo de sodio en la población, y también determinar lineamientos para el desarrollo de políticas sanitarias que conlleven a la promoción de hábitos saludables.

La norma fija los valores máximos de sodio que deberán contener ciertos grupos de alimentos, y los plazos de adecuación que tendrán las empresas elaboradoras luego de la entrada en vigencia de la ley.

El país cuenta así con un instrumento legal que encauza y regula los esfuerzos dirigidos a reducir el negativo impacto que conlleva sobre la salud de la población el consumo excesivo de sodio, una preocupación que desde hace largo tiempo inspiró en diversos ámbitos acciones de información, formación y reformulación de productos elaborados.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del equipo de Nutrición y Educación Alimentaria de su Dirección de Agroalimentos, participa activamente desde 2010 en la iniciativa “Menos Sal, Más Vida” que apunta a reducir el consumo de sodio de la población a través de diversas acciones. Es coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación y cuenta con la participación de otros organismos públicos, cámaras y empresas de la industria de alimentos y bebidas.

Por lo demás, ya son más de 60 las empresas de alimentos comprometidas con la iniciativa a través de la firma de Convenios Marco Voluntarios y Progresivos con ambos Ministerios, lo que implica más de 500 productos en proceso de modificación para obtener alimentos con menor concentración de este mineral, imprescindible para la vida pero perjudicial si es consumido en exceso.

Necesario, pero en su justa medida

El sodio es un mineral que cumple funciones esenciales para la vida, y que como cumple funciones de saborizante y conservante, es utilizado considerablemente en la elaboración de ciertos alimentos procesados. Asimismo, es un buen potenciador de sabor (incrementa la presencia de sabores presentes en los alimentos y por lo tanto realza la experiencia del comer), se utiliza como agente ligante, realza el color, tiene función estabilizante, y es un ingrediente relativamente accesible en términos económicos, entre algunos beneficios.

Los problemas se presentan con el consumo excesivo de este mineral, ya sea por el agregado per se a las comidas en forma de sal de mesa (cloruro de sodio), como también por el uso exagerado -por parte de la industria de alimentos- en la elaboración de alimentos procesados.

En el primer caso, la solución pasa por educar al consumidor en lo concerniente a las negativas consecuencias que acarrea para la salud el consumo excesivo de sodio.

En el segundo caso, hace falta orientar los esfuerzos de todos los actores en lograr productos con menor concentración de sodio de acuerdo a cada alimento en particular. Se entiende que cuando cumple la función es saborizar, la cuestión es más sencilla de resolver que cuando es empleado como conservante, donde el escenario es más complejo. De ahí la importancia de fijar plazos de adecuación para los elaboradores.
Limites ineludibles

La ley promulgada fija los valores máximos de sodio que deben contener ciertos grupos de alimentos y establece para los elaboradores un plazo de adecuación de un año luego de la entrada en vigencia. En el caso de las pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos el plazo es de 1 año y medio.

Asimismo, luego de 2 años la autoridad de aplicación –el Ministerio de Salud- podrá fijar periódicamente la progresiva disminución de los valores máximos para los productos actualmente incluidos, así como también para otros que se incluyan en etapas posteriores. Tal como en el caso anterior, el plazo para las pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos es mayor, pudiéndose fijar nuevas reducciones a partir de los 2 años y medio.

Cabe señalar que los valores definidos en este marco deberán adecuarse a las disposiciones establecidas en el Código Alimentario Argentino. Y los elaboradores e importadores de productos alimenticios tendrán que acreditar ante la autoridad sanitaria competente las condiciones establecidas en la Ley, para su comercialización y publicidad en el país.

Paralelamente, la norma legal insta a que las empresas que elaboran alimentos con alto contenido de sodio adviertan en los rótulos y/o publicidad, a través de mensajes sanitarios, sobre los riesgos que implica su excesivo consumo. Estos mensajes serán determinados por la autoridad de aplicación en conjunto con las autoridades jurisdiccionales, e involucrará además la oferta de menús de los establecimientos gastronómicos.

Éstos últimos, deberán también presentar menús alternativos de comidas sin sal agregada, limitar la oferta espontánea de saleros y la disponibilidad de sal en sobres, así como asegurar la presencia de sales con bajo contenido de sodio.

También se dispone que la comercialización de sales de sodio en sobres no debe exceder los quinientos miligramos (500 mg.).

Asimismo, queda establecida la necesidad de promover -con organismos públicos y organizaciones privadas- programas de investigación y estadísticas sobre la incidencia del consumo de sodio en la alimentación de la población, así como el desarrollo de campañas de difusión y concientización que adviertan sobre los riesgos del consumo excesivo de sal y promuevan el consumo de alimentos con bajo contenido de sodio.

Las infracciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la transgresión, los antecedentes del infractor y el daño causado, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles y penales. Así, las contravenciones previstas comprenden apercibimientos, decomiso de mercadería e incluso la suspensión o clausura del establecimiento elaborador, según la gravedad de la falta cometida.

Al respecto, la autoridad de aplicación debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales. También puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido, la sustanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas, y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones aplicadas.
Un trabajo mancomunado

Existen ya evidencias suficientes sobre la efectividad lograda por intervenciones individuales, comunitarias y de políticas de salud para mejorar los patrones alimentarios, lo que acredita holgadamente a realizar esfuerzos en esa dirección.
Es importante señalar lo decisivo que resultó en este proceso el trabajo interdisciplinario e intersectorial, que combinó la acción de organismos del Estado con las energías, recursos y conocimientos provenientes del ámbito privado (incluidos, entre otros, los sectores de la alimentación, bebidas, comercio minorista y medios de comunicación), de asociaciones científicas y profesionales, y de agrupaciones de consumidores, entre otros.
Queda claro que esta tarea ha empezado a dar importantes frutos para el bienestar general, por lo que se continuará trabajando intersectorialmente en acciones dirigidas a proteger la salud y el bienestar de la población a través de investigaciones, normas, vigilancia y control de los alimentos.

Mayor información:
nutricion@minagri.gob.ar

Evidencias para la acción

• Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo.
• La alimentación es uno de los principales determinantes posibles de modificar. Hay suficiente evidencia científica para sostener que las alteraciones en la dieta tienen fuertes efectos positivos y negativos en la salud a lo largo de la vida.
• Se ha proyectado que para el año 2020 el 75% de todas las muertes en el mundo sucederán a causa de las Enfermedades No Transmisibles (ENT).
• Los resultados de la 2ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2009) evidencian que el 25,4% agrega sal a las comidas en forma discrecional.
• Un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que Argentina se halla en una franja de mortalidad intermedia, donde los principales Factores de Riesgo (FR) registrados son el Índice de Masa Corporal (IMC) aumentado, el alcohol, el tabaco y la presión arterial elevada.

Datos significativos

• El consumo de sal en Argentina es de 12 a 13 gramos por día/persona. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no más de 5 gramos.

• El 60% del sodio que ingiere la población proviene de los alimentos procesados.

• La reducción de 3 gr. de sal de la dieta de la población disminuiría en un 10% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

• La reducción de sodio es una de las estrategias más costo-efectivas.

• El beneficio de reducir su consumo es para toda la población.

• La frecuencia de factores de riesgo es mayor en la población de menor ingreso económico: hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, etc.

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